España y América Latina siguen caminos divergentes en materia de regularización

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Una mujer colombiana en España. (Foto: OIM/Jesús Diaz) Click here to read this article in English. La extraordinaria regularización que España llevará a cabo en 2026 podría otorgar estatus legal a un número récord de migrantes en situación irregular. Casi 1,2 millones de personas presentaron su solicitud antes de la fecha límite del 30 de junio —más del doble de la previsión inicial del gobierno, que rondaba las 500.000— y DOS (Dept. of State) tercios de los solicitantes procedían de Sudamérica o Centroamérica. Sin embargo, mientras España sigue adelante con la regularización, iniciativas similares que se pusieron en marcha en América Latina para hacer frente al enorme desplazamiento desde Venezuela que comenzó en 2015 han finalizado o ya no admiten nuevos solicitantes. Factores que influyen en la gobernanza y los beneficios fiscales España sufre las consecuencias de los fracasos de integración de América Latina Se cierra una puerta, pero puede que se abra otra El enfoque dea España es inusual entre los Estados miembros de la UE, que en su mayoría han endurecido el acceso a la situación legal, y ha suscitado críticas por parte de algunos líderes de la UE. El Gobierno español considera que la regularización es necesaria y políticamente viable, dada la magnitud de la población en situación irregular, en particular, y de la población de origen extranjero en general. Los inmigrantes, independientemente de su situación, representaban un 20,3 por ciento de la población española en enero de 2026 —una cifra récord—, lo que supone más de 10 millones de personas. Casi 300.000 personas adquirieron la nacionalidad española en 2025, lo que pone de manifiesto cuántas han dejado claro que su migración es permanente. Ante esta realidad, el Gobierno ha planteado la nueva medida de regularización no solo como una respuesta a cuestiones de gobernanza, fiscales y del mercado laboral, sino también en términos de derechos y protección de los trabajadores. Una investigación realizada por el Migration Policy Institute (MPI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre las regularizaciones de migrantes venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú reveló que la regularización permitía a los migrantes acceder a los mercados laborales formales y a los servicios básicos, y que los beneficios económicos eran mayores allí donde se aplicaban las normativas laborales.